Nosotrxs — organizaciones, movimientos y aliadxs por los derechos de las mujeres, comprometidxs con la promoción de los derechos humanos de las mujeres — nos unimos para formar la Coalición de Género y Comercio, con la firme convicción de que una alianza feminista por la justicia comercial es necesaria para afrontar el impacto pernicioso de las normas de comercio sobre los derechos humanos de las mujeres y para generar respuestas políticas informadas que aborden las causas estructurales de las violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva de género.
Celebramos el creciente reconocimiento por parte de gobiernos e instituciones de que las normas de comercio e inversión generan consecuencias de género. Sin embargo, nos preocupa que las respuestas políticas habituales estén diseñadas simplemente para aumentar el número y el papel de las mujeres involucradas en el libre flujo de capital, recursos y mano de obra. Este enfoque posiciona a las mujeres como instrumentos del crecimiento comercial, sin abordar las consecuencias adversas, discriminatorias y de explotación sobre los derechos humanos de las mujeres del orden neoliberal global basado en normas. Esto ocurre independientemente del importante papel que desempeñan las mujeres como productoras, consumidoras, comerciantes, trabajadoras y principales proveedoras de cuidados no remunerados.
Los movimientos y organizaciones que representamos reconocen que las políticas de austeridad — incluidas la liberalización del comercio, la desregulación financiera, de inversión y laboral, la privatización de bienes y servicios públicos y las restricciones a la formulación de políticas y la prestación de servicios — producen consecuencias devastadoras para los derechos humanos de muchas mujeres en todo el mundo.
Creemos que los principios rectores del orden económico global en el que se basan las normas de comercio e inversión son fundamentalmente destructivos para el avance de los derechos humanos de las mujeres. Reconocemos que el neoliberalismo, la austeridad y la economía de goteo han fracasado a nivel mundial, pero las reglas de este modelo siguen consolidándose y profundizándose a través de las normas de comercio e inversión. Creemos que las crisis existenciales que enfrenta la humanidad — el cambio climático, los desplazamientos y migraciones masivas, la desigualdad obscena y el creciente autoritarismo y patriarcalismo — están vinculadas a las reglas económicas globales que han configurado los últimos cuarenta años.
Las normas de comercio basadas en principios de competencia en lugar de solidaridad, crecimiento en lugar de desarrollo humano y sostenible, consumo en lugar de conservación, individualismo en lugar de bien común y gobernanza de mercado en lugar de democracia participativa no pueden constituir la base de una agenda comercial que promueva los derechos humanos de las mujeres.
Creemos que la cooperación económica y el multilateralismo, basados en los principios de equidad, justicia, sostenibilidad e igualdad de género, pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. La cooperación global arraigada en los principios de transparencia, democracia y participación que garantiza que el capital contribuya a los bienes y servicios públicos necesarios para la realización de los derechos humanos es fundamental. La cooperación global que repara el daño causado por las cadenas de suministro del comercio mundial es esencial.
Creemos que las políticas comerciales deben reafirmar la primacía de las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales y el derecho consuetudinario. Si las políticas comerciales disminuyen la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, deben modificarse.
Creemos que las normas de comercio no deben aumentar la protección de las corporaciones multinacionales que ejercen una enorme influencia en la formulación de políticas comerciales, evaden impuestos y la rendición de cuentas, y explotan la mano de obra, los recursos naturales y los datos personales para maximizar sus propios beneficios. Las normas de comercio deben aumentar la responsabilidad de las empresas que cometen graves violaciones de los derechos humanos, en lugar de proporcionarles recursos privilegiados cuando son sometidas a los sistemas judiciales.
Creemos que las políticas comerciales deben abordar las necesidades de desarrollo sostenible de todos los países, especialmente de los países en desarrollo y menos adelantados, y de sus poblaciones, incluidas las mujeres. Por lo tanto, las políticas comerciales deben garantizar el acceso más amplio posible a medicamentos, tecnologías, datos e información esenciales, en lugar de restringirlo. Deben promover el intercambio de semillas, recursos y conocimientos, en lugar de penalizar la solidaridad. Deben ampliar, no limitar, la capacidad de los gobiernos para crear empleos decentes y generalizados con salarios dignos, especialmente para las mujeres. Deben apoyar a los gobiernos en el desarrollo de políticas que beneficien a los pobres y mejoren el acceso a los alimentos, incluso mediante subsidios alimentarios, reservas públicas y apoyo preferencial a los productores locales, especialmente a los pequeños productores. Creemos que las normas comerciales deben apoyar, no desalentar, el aumento del gasto público y la propiedad de bienes y servicios públicos esenciales para los derechos humanos y para reducir y redistribuir la carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las mujeres. Esto incluye alimentos, agua y saneamiento, energía, infraestructura, transporte, atención y educación infantil temprana y servicios de salud, en lugar de fomentar la privatización.
Creemos que se debe impedir que los intereses poderosos influyan en las políticas comerciales o proporcionen apoyo financiero a partidos políticos que puedan beneficiarse de los resultados de las negociaciones comerciales. En cambio, las políticas comerciales deben elaborarse democráticamente y facilitar la participación informada en los procesos de toma de decisiones y consenso por parte de representantes de las personas potencialmente más afectadas, como las agricultoras, las trabajadoras y las mujeres indígenas.
Formamos esta coalición para ampliar la concienciación, el fortalecimiento de capacidades, la investigación y la promoción de políticas de comercio y inversión que faciliten una sociedad global más equitativa, socialmente justa y sostenible, en la que todos los derechos humanos y libertades fundamentales se promuevan activamente y todas las mujeres puedan disfrutarlos plenamente.
