Durante los últimos 500 años, en los que el capitalismo ha sido el sistema económico dominante, la acumulación continua de ganancias ha dependido, por un lado, del uso insostenible, la mercantilización, la privatización y la destrucción de los recursos naturales y, por otro, de la explotación de los recursos humanos. Aunque los recursos naturales siempre han alimentado el fuego metafórico del capitalismo, la Revolución Industrial aumentó considerablemente la facilidad y la velocidad con la que podían destruirse. Está científicamente demostrado que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son la principal causa del cambio climático, siendo el dióxido de carbono (CO2), resultante de la quema de combustibles fósiles, la principal fuente de calentamiento y el metano (emitido en gran parte por el sector agrícola industrial) la segunda.1 El comercio, en particular, ha contribuido al cambio climático: el comercio internacional por sí solo es responsable de entre el 20 y el 30 % de las emisiones anuales de GEI.2
El comercio internacional por sí solo es responsable de entre el 20 y el 30% de las emisiones anuales de GEI.
La configuración estructural actual de la economía, con el comercio en el centro, es fundamentalmente incompatible con la reducción de las emisiones de GEI. El libre comercio tiene como objetivo expandir el volumen de comercio en términos de producción y consumo, a fin de aumentar las ganancias potenciales para los países que participan en el comercio internacional, tal y como establece la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo.3 Pero esta teoría no presta atención a los impactos distributivos del libre comercio ni a sus impactos ambientales. Las actividades de producción relacionadas con el comercio suelen ser extremadamente perjudiciales para el medio ambiente y tienen como precio la contaminación o la destrucción permanente de ecosistemas esenciales. Dado que todos los medios de transporte —aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario— dependen de los combustibles fósiles, un aumento del consumo implica necesariamente un aumento de las emisiones de GEI. La gasolina y el diésel alimentan todas las formas de transporte; el transporte marítimo, impulsado por diésel, representa la mayor parte del comercio internacional en términos de volumen y valor.4
La amplia liberalización del comercio ha facilitado la consolidación del poder económico, lo que ha agravado la desigualdad de riqueza que se corresponde directamente con la responsabilidad desigual de la crisis climática. El rápido y desigual crecimiento económico de los últimos 200 años se ha producido a expensas del medio ambiente y de la mayoría de las personas: 157 empresas multinacionales, la mayoría de ellas con sede en el Norte Global, son responsables de hasta el 60% de las emisiones industriales mundiales, y 20 empresas de combustibles fósiles han contribuido con más de un tercio del total de las emisiones de GEI.5 Estas empresas también acumulan riqueza: pertenecen y están gestionadas por algunas de las personas más ricas del planeta, y explotan sistemáticamente a los trabajadores, los consumidores y los Estados para aumentar sus propios beneficios. El 1% de las personas más ricas contribuye a las emisiones de GEI tanto como el 66% más pobre de la población mundial.6
La amplia liberalización del comercio ha facilitado la consolidación del poder económico, lo que ha agravado la desigualdad de riqueza que se corresponde directamente con la responsabilidad desigual de la crisis climática.
A pesar del inminente desastre climático, el comercio (dominado por las multinacionales) sigue orientado a aumentar los beneficios, el consumo y el control del mercado mediante la liberalización y la promoción de las exportaciones.7 Mientras tanto, la desigualdad socioeconómica sigue aumentando y la situación de las mujeres y las niñas empeora drásticamente, especialmente las que viven en países en desarrollo (en particular, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo), ya que la desigualdad estructural de género se cruza tanto con la desigualdad económica como con el agravamiento del cambio climático para marginar aún más a las mujeres. El análisis crítico de la intersección entre el clima y el comercio desde una perspectiva feminista señala cuestiones estructurales relacionadas con la gobernanza de ambos regímenes y destaca la urgencia de actuar ante los “dobles desafíos” del agravamiento del cambio climático y la desigualdad.8
Los sistemas de gobernanza global se crearon para permitir el acceso continuo de las multinacionales a los mercados y recursos del Sur Global, de modo que puedan seguir produciendo en el Sur para el consumo en el Norte. Así, una característica fundamental que define la gobernanza climática y comercial es la captura corporativa por parte de las multinacionales con sede en el Norte y del sector privado del Norte en general. Las agendas de políticas climáticas transformadoras se han visto descarriladas por las multinacionales del Norte, el sector privado y sus gobiernos, que quieren seguir con el negocio “como de costumbre” para preservar sus ganancias y su dominio financiero, incluso ante la rápida aceleración del cambio climático.9 Estas ganancias se generan a costa de algunas de las mujeres más pobres del mundo, cuyo trabajo constituye la base de las intrincadas cadenas de valor globales y las zonas económicas especiales, dos pilares de las economías del siglo XXI. Mientras tanto, durante décadas, las agendas económicas progresistas presentadas por los Estados y la sociedad civil han sido enterradas por estos mismos actores, por la misma razón. Como resultado de estas agendas de progreso estancadas, tanto la política climática como la política comercial han sido ampliamente criticadas por su ineficacia: la primera por no haber logrado promover acciones significativas para el cumplimiento de los objetivos de emisiones y la segunda por no haber cumplido las promesas de prosperidad y desarrollo compartidos.10
El dominio continuo de las multinacionales se vería gravemente amenazado por cualquier legislación que tomara medidas significativas en relación con los desequilibrios comerciales o el cambio climático. La adopción generalizada y obligatoria de la liberalización del comercio y los paquetes de políticas asimétricas relacionadas en el Sur Global ha abierto completamente los mercados a las multinacionales, permitiéndoles inundar el mercado con exportaciones baratas e industrializadas y, al mismo tiempo, eliminar a los productores locales en todos los sectores de bienes y servicios.11 La pérdida de medios de subsistencia ha provocado un aumento de la pobreza, pero la escasez crónica de ingresos, creada por el servicio masivo de la deuda y la liberalización comercial, impide el estímulo y la inversión del gobierno en la transformación productiva, incluidas las medidas de acción climática, como la inversión en el desarrollo de tecnología de energía renovable. Las cláusulas de protección y facilitación de las inversiones contenidas en los acuerdos comerciales han permitido la apropiación indebida de recursos naturales (incluidos la tierra, el agua, los minerales esenciales y las materias primas agrícolas) por parte de las empresas, lo que amenaza tanto la agregación de valor y el comercio interno, por un lado, como las medidas de conservación y climáticas, por otro. La falta de empleos en relación con el número de personas que buscan trabajo permite a las multinacionales eludir las violaciones generalizadas de los derechos laborales y les proporciona un flujo constante de mano de obra barata. En lo que respecta a la legislación climática, los requisitos de presentación de informes voluntarios sobre las emisiones y la falta de una regulación sistemática protegen a las multinacionales de la rendición de cuentas, lo que permite que el ciclo se repita una y otra vez.
El dominio continuo de las multinacionales se vería gravemente amenazado por cualquier legislación que tomara medidas significativas en relación con los desequilibrios comerciales o el cambio climático.
Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, argumentan que “el comercio puede ayudar a transferir la producción a zonas con técnicas de producción más limpias” y que el comercio “promueve la difusión de bienes y servicios ambientales esenciales que pueden ayudar a reducir las emisiones y mejorar la gestión ambiental”.12 Estas afirmaciones no proponen cambios en el volumen del comercio y solo modifican ligeramente su composición, lo que apenas afecta a las emisiones de GEI del comercio. Además, uno de los principales obstáculos que impiden que el comercio promueva cualquier cambio positivo en la mitigación y adaptación al cambio climático es la legislación sobre derechos de propiedad intelectual (DPI), que tiene por objeto proteger las ganancias mediante patentes restrictivas.13 Dado que la mayor parte de la tecnología relacionada con el clima (especialmente la energía renovable) ha sido patentada por empresas del Norte, la innovación tecnológica en el Sur ha sido limitada, si no imposible, en la mayoría de los contextos.14 Por lo tanto, aunque la transferencia de tecnología Norte-Sur a través del comercio es posible en teoría, las barreras prácticas y normativas (como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual o Acuerdo ADPIC) la han impedido. Incluso en los debates sobre el clima, la transferencia de la tecnología necesaria ha resultado ser el mayor obstáculo de todos.
El dominio del sector privado en la gobernanza climática y comercial ha sustituido las prioridades públicas por las privadas. Los pequeños cambios en la economía que se proponen actualmente hablan de la amenaza del cambio climático, pero no hacen nada para abordar la desigualdad (entre las personas o entre los países) y repiten el “mismo viejo enfoque de alto consumo de bienes, servicios y energía”.15 También conocido como industrialismo verde o colonialismo verde, la mayoría de las propuestas existentes de reformas económicas para mitigar el cambio climático utilizan las preocupaciones climáticas para consolidar y exacerbar los desequilibrios de poder existentes en la economía. Es urgente realizar cambios estructurales tanto en el volumen como en la composición del comercio; sin embargo, estos cambios no están sobre la mesa de negociaciones a nivel multilateral.
Se está incorporando un número cada vez mayor de medidas climáticas al sistema comercial, supuestamente para responder a las preocupaciones sobre los efectos ambientales de determinadas actividades o acuerdos comerciales. Sin adaptar significativamente sus propios métodos de producción o consumo, ni reconocer su propia deuda climática histórica, los países desarrollados utilizan como chivo expiatorio las emisiones relativamente bajas de GEI de los países en desarrollo, culpándolos de ser la causa principal del cambio climático. Una forma crucial de perpetrar esta falacia es mediante las medidas ambientales relacionadas con el comercio (MARC), que protegen los intereses del Norte Global con el pretexto de la mitigación climática.
Cuando las MARC se introdujeron por primera vez en la Organización Mundial del Comercio (OMC), poco después de su creación en la década de 1990 (supuestamente para abordar el cambio climático), el comercio cambió fundamentalmente.16 La hipótesis del “refugio de la contaminación”, desarrollada por economistas heterodoxos, establece un vínculo entre la migración de industrias “sucias” a los países en desarrollo y la regulación medioambiental en los países desarrollados, lo que ha creado una dependencia sistémica de los países en desarrollo respecto a las industrias intensivas en contaminación.17 Como la demanda del Norte por estos productos “sucios” nunca ha desaparecido, las regulaciones medioambientales simplemente han desplazado su producción. Al mismo tiempo, las MARC propuestas por los Estados miembros del Norte han tratado de imponer “normas de sostenibilidad” que penalizan a los países en desarrollo por producir estos bienes y, al mismo tiempo, favorecen a las empresas del Norte que pueden producir y cumplir estas normas. Estas estructuras se están introduciendo ahora en la OMC y en acuerdos comerciales bilaterales y regionales.
La adopción de criterios relacionados con los PMP daría a los socios comerciales licencia para discriminar entre productos idénticos y, dada la distribución desigual de la tecnología «limpia» y la producción “sucia”, tendría un impacto negativo desproporcionado en los países del Sur Global.
El concepto de distinción entre productos en función de los procesos y métodos de producción (PMP) fue una de las primeras MARC introducidas en la OMC por los Estados miembros del Norte, pero finalmente no tuvo éxito, ya que los Estados miembros del Sur Global argumentaron que las cláusulas de PMP violarían el principio de no discriminación de la OMC.18 La adopción de criterios relacionados con los PMP daría a los socios comerciales licencia para discriminar entre productos idénticos y, dada la distribución desigual de la tecnología “limpia” y la producción “sucia”, tendría un impacto negativo desproporcionado en los países del Sur Global. Del mismo modo, la controversia sobre las “millas alimentarias” a mediados de la década de 2000 llevó a los Estados miembros del Norte a argumentar que la producción de alimentos para la exportación (que representa una gran parte del comercio de los países del Sur Global) estaba provocando un exceso de contaminación, lo que justificaba la imposición de aranceles a las importaciones de alimentos.19 Por el contrario, la mayoría de las exportaciones de alimentos del Sur Global tienen huellas de carbono menores, incluso con el aumento de las emisiones procedentes del transporte marítimo, que los alimentos producidos industrialmente en el Norte Global, y los países que representan la mayor parte de las exportaciones de alimentos tienen huellas de carbono generales muy pequeñas, a menudo exponencialmente menores que las de los países importadores.
Aunque los PMP, las “millas alimentarias” y otras propuestas similares no se han incorporado a la legislación de la OMC, los Estados miembros individuales han eludido a la OMC adoptando una legislación que impone estos principios en todo menos en el nombre. El Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE), por ejemplo, impone un arancel a los productos intensivos en carbono, como el cemento, el hierro y el acero, el aluminio, los fertilizantes, la energía y el hidrógeno importados por la UE. La UE afirma que la intención del CBAM es “incentivar al sector en todo el mundo a adoptar tecnologías más ecológicas”.20 Estados Unidos ha seguido el ejemplo, introduciendo su propia versión del CBAM de la UE mediante legislación nacional en 2022.21 A pesar de la creciente popularidad del CBAM en el Norte, los gobiernos de los países menos desarrollados argumentan que, dada su especialización en materias primas intensivas en carbono, sus economías se verán afectadas de manera desproporcionada. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), un impuesto sobre el carbono de 44 dólares por tonelada supondría un aumento de 2500 millones de dólares en los ingresos de los países desarrollados y una reducción de 5900 millones de dólares en los ingresos de los países en desarrollo.22 El CBAM es solo el último de una larga serie de intentos explícitos de los países del Norte Global de manipular la economía mundial en su propio beneficio.
El supuesto objetivo del CBAM es fundamental para mitigar el cambio climático y podría alcanzarse legítimamente mediante la financiación directa y la transferencia de tecnología. La tecnología sigue siendo una parte importante de la solución, pero la implementación del CBAM sin la suspensión de las restricciones de los derechos de propiedad intelectual producirá déficits crónicos de ingresos que, a su vez, restringirán aún más la inversión en desarrollo y no producirán cambios estructurales porque la tecnología de adaptación necesaria está protegida por patentes. Además, la transición energética limpia de la UE depende de la extracción de minerales con uso intensivo de carbono del Sur Global (especialmente litio y cobalto), lo que significa que la demanda de estos productos desempeña un papel importante en la producción y las emisiones de GEI relacionadas, que el CBAM está penalizando.
La inseguridad alimentaria es una de las manifestaciones más devastadoras de la desigualdad económica mundial y está empeorando significativamente ante la crisis climática. La importancia intrínseca del acceso a alimentos nutritivos y asequibles ha sido sustituida por el deseo de acumular riqueza: el comercio de alimentos tenía un valor de 1,7 billones de dólares en 2021, pero 783 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en todo el mundo.23 El comercio de alimentos está dominado por multinacionales ubicadas en un pequeño grupo de países desarrollados (“agronegocio”); estas multinacionales se encuentran entre las más ricas del mundo y son las mayores emisoras de metano.i, 24 Muchos de los productos alimenticios más lucrativos para las multinacionales, como el café, el cacao y el té, son cultivados intensivamente en el Sur Global por pequeños agricultores; estos agricultores suministran las materias primas que constituyen el primer eslabón de cadenas de valor de billones de dólares, pero la mayoría vive en la pobreza y la inseguridad alimentaria.25 En combinación con la crónica falta de inversión del Estado en la capacidad productiva de los pequeños agricultores, el libre comercio ha devastado las economías rurales, en las que las mujeres son las principales agentes económicas. Los medios de subsistencia de cientos de millones de pequeños agricultores, junto con la producción agrícola para el consumo doméstico, han sido diezmados por las multinacionales. Su dominio y sus continuas ganancias se han obtenido a costa de la salud del medio ambiente y han creado inseguridad alimentaria y pobreza en todo el Sur Global.
El libre comercio ha devastado las economías rurales, en las que las mujeres son las principales agentes económicas.
Los pequeños agricultores gestionan el 60% de la producción mundial de alimentos y el 80% del total de las tierras cultivables.26 En África, el 70% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura a pequeña escala, pero esta mano de obra contribuye con un promedio de solo el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; en promedio, en África y Asia, la agricultura a pequeña escala proporciona alrededor del 80% de la producción doméstica de alimentos.27 En promedio, en América Latina y el Caribe, los pequeños agricultores contribuyen con alrededor del 50% de la producción nacional de alimentos y, en las zonas rurales, un promedio del 55% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura a pequeña escala.28 A pesar del papel fundamental que desempeñan, los pequeños agricultores del Sur Global son algunas de las personas más pobres del mundo, especialmente las mujeres agricultoras a pequeña escala, que representan más de la mitad de la mano de obra agrícola a pequeña escala y que tienden a producir menos que los agricultores varones debido a sus responsabilidades de cuidado.29
Con la apertura de los mercados por la liberalización del comercio y los paquetes de políticas injustas relacionados, las importaciones baratas de alimentos industrializados y fuertemente subsidiados del Norte Global se han vertido sistemáticamente en el Sur, lo que ha provocado una caída de los precios de los alimentos e impedido que los agricultores obtengan precios justos por sus cosechas.30 Al mismo tiempo, la agricultura es uno de los sectores más vulnerables al clima, ya que los efectos del cambio climático, como las alteraciones en la composición atmosférica, la disponibilidad de agua y los patrones climáticos, determinan la salud del suelo y la productividad de las cosechas.31 En los países en desarrollo, las subvenciones gubernamentales que podrían apoyar la producción y los medios de subsistencia se han visto limitadas y restringidas por las normas y acuerdos comerciales de la OMC, incluido el Acuerdo sobre la Agricultura (AsA), lo que ha dejado a los agricultores y a la agricultura en una situación de vulnerabilidad económica. Sin el apoyo gubernamental y los recursos financieros suficientes, los pequeños agricultores poco pueden hacer para mitigar los impactos del cambio climático en sus cosechas, lo que conduce al agravamiento de los índices de pobreza e inseguridad alimentaria, siendo las mujeres las más afectadas. Las “normas de sostenibilidad” unilaterales que se están imponiendo (como el CBAM) agravan aún más estos retos para el Sur Global.
Government subsidies in developing countries that could support both production and livelihoods have been targeted and constrained by WTO trade rules and agreements, leaving farmers and farming economically vulnerable.
Del mismo modo, la pesca en el Sur Global ya está sufriendo reducciones significativas en las poblaciones de peces debido a la sobrepesca impulsada por las multinacionales, que se ve agravada por los impactos del cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura del mar y el blanqueamiento de los corales.32 Este es un problema especialmente grave en los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde la pesca a pequeña escala ha sido tradicionalmente una fuente de subsistencia para muchas de las personas más pobres, así como un componente tradicional de las dietas locales. Aunque las mujeres representan menos de la mitad de las personas que se dedican a la pesca a pequeña escala, ocupan de manera desproporcionada empleos informales en el sector, lo que conduce a mayores índices de inseguridad alimentaria y laboral entre las mujeres, así como a una desvalorización sistemática de las contribuciones y los retos a los que se enfrentan las mujeres en el sector.ii, 33 En todo el Sur Global, son las mujeres agricultoras y pescadoras las que se ven afectadas de manera desproporcionada por los cambios en las capacidades productivas de la tierra y los entornos costeros, tanto en su trabajo remunerado como no remunerado.34 Son estas personas las que más se beneficiarían de las subvenciones y las disposiciones de trato preferencial; por lo tanto, son las más afectadas por la continua injusticia de las normas comerciales de la OMC y por las recientes negociaciones sobre un acuerdo pesquero que impondría restricciones similares a las subvenciones de los países en desarrollo a la pesca nacional.
En el caso de la agricultura y la pesca, la reducción de la producción de alimentos en todo el Sur Global debido al cambio climático está exacerbando aún más la dependencia de las importaciones de alimentos producidos industrialmente.35 La dependencia de las importaciones tiene enormes efectos macroeconómicos, ya que hace que los países sean extremadamente vulnerables a las crisis externas y a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, ya sea debido a la inflación o a las crisis económicas. Esto conducea un ciclo de endeudamiento con las instituciones financieras internacionales para que los Estados puedan pagar necesidades básicas, como las importaciones de alimentos, lo que, a su vez, da lugar a condiciones de préstamo que exigen la liberalización del comercio y allanan el camino para la privatización, lo que, en consecuencia, aumenta la desigualdad, especialmente la desigualdad de género.36 Sin una intervención en forma de legislación comercial progresista, este ciclo se repite infinitamente, ya que los préstamos y las condiciones nunca tuvieron la intención de “resolver” ningún problema, sino de bloquear y exacerbar los problemas existentes.
A medida que la liberalización del comercio sigue acelerándose, profundizando la desigualdad y haciendo cada vez más inminente el colapso ecológico total, el multilateralismo se enfrenta a dificultades. Existe una falta de voluntad por parte del Norte Global para abordar las injusticias históricas, incluida la deuda financiera y climática que acumularon durante el colonialismo y durante sus propios procesos de industrialización. A pesar de la ampliamente difundida “victoria” que supuso la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, ha habido grandes problemas para capitalizar el fondo, incluida una discrepancia sobre los objetivos anuales previamente acordados. Incluso espacios controvertidos, como la OMC, están perdiendo su poder a medida que los Estados miembros se sienten animados a eludir los precedentes, los procesos y las normas multilaterales y a aplicar medidas unilaterales. La pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la desigualdad económica y la desigualdad de género están empeorando, mientras que unos pocos siguen enriqueciéndose. Para dar un nuevo impulso a las agendas paralizadas de transformación económica y climática, es necesario aprobar y aplicar medidas políticas progresistas en un plazo de tiempo muy breve. Por lo tanto, las recomendaciones de políticas incluyen:
- Abandonar la liberalización del comercio como objetivo político general. Al abrir los mercados antes de que las industrias nacionales se hubieran consolidado lo suficiente —lo que, en los países desarrollados, consistió en importantes subvenciones y proteccionismo, contrarios al actual modelo de liberalización comercial que promueven esos mismos países—, los países en desarrollo se enfrentaron a la competencia desleal de los productos extranjeros y se vieron sistemáticamente privados de ingresos comerciales. La falta de espacio político debido a las normas comerciales injustas ha restringido la capacidad de estos países para mejorar sus términos de intercambio y ha impedido las inversiones necesarias en la transformación productiva, la diversificación económica, la reducción de la desigualdad de género y la adaptación y mitigación del clima. Abandonar la liberalización del comercio como objetivo político general facilita la búsqueda equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y medioambiental— a través de las políticas comerciales.
- Revisar las normas y acuerdos comerciales pertinentes, incluido el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, para permitir que los países en desarrollo concedan subvenciones a sus sectores agrícola y pesquero. Dado que la producción de alimentos desempeña un papel importante en las economías de los países en desarrollo, así como en la seguridad alimentaria mundial, los Estados deben disponer de margen político para conceder subvenciones a sus agricultores y pescadores, la mayoría de los cuales son pequeños propietarios. Las subvenciones mejorarán no solo los medios de vida de los pequeños productores y, por lo tanto, su seguridad alimentaria, sino también su capacidad productiva y su capacidad para invertir en tecnologías sostenibles y activos productivos. Esto es especialmente necesario para las mujeres productoras a pequeña escala, que están sobrecargadas por responsabilidades desiguales en el trabajo de cuidados y luchan por producir tanto como los hombres. Si se combina con la inversión en el aumento de la capacidad productiva nacional, se pueden producir más alimentos para el consumo interno y disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos del Norte Global. Esto tendría amplios efectos estabilizadores en las economías nacionales, permitiendo un desarrollo equilibrado y sensible al género. Al mismo tiempo, la agricultura industrial y la pesca deben ser reguladas por futuros acuerdos para evitar más pérdidas y daños en el Sur Global.
- Invertir en servicios públicos. Esto aumentará el bienestar general de toda la población, pero será especialmente transformador para las mujeres, ya que reducirá la carga de trabajo no remunerado que está aumentando a medida que se enfrentan al aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos provocados por el cambio climático. Además, las multinacionales han comenzado a privatizar lo que deberían ser procesos liderados por el Estado, como la adaptación de los sistemas alimentarios para satisfacer las necesidades cambiantes de las poblaciones a la luz del cambio climático, lo que plantea el peligro de que las empresas consoliden su dominio sobre el Sur Global de una vez por todas a través de la crisis climática. Solo un Estado activo puede disciplinar a las empresas y evitar lo que sin duda será un rumbo desastroso para el Sur Global y, en particular, para las mujeres.
- Renunciar a las restricciones de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, sobre las tecnologías relacionadas con el clima. Esta renuncia ha sido una vieja reivindicación de los países en desarrollo en diversos foros multilaterales, ya que es fundamental para garantizar la necesaria transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo.37 Aunque la necesidad de transferir tecnología relacionada con el clima se incluye como requisito vinculante en el Acuerdo de París de 2016, y en varios acuerdos multilaterales no vinculantes, como el Protocolo de Kioto de 1997 y la Declaración Ministerial de Doha de 2001, en la práctica los países desarrollados no han mostrado disposición a participar en la transferencia de tecnología no comercial, es decir, más allá de la expectativa de que dicha transferencia se produzca a través del comercio.38 Dado que los derechos de propiedad intelectual estrictos son el principal obstáculo que impide la transferencia de tecnología, es necesario renunciar a las restricciones de los derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología relacionada con el clima para permitir el cumplimiento de los compromisos existentes, tanto vinculantes como no vinculantes.
- Integrar el principio de responsabilidad común pero diferenciada (PRCMD), que es un principio bien conocido en las negociaciones sobre el clima, como principio fundamental en todos los acuerdos comerciales y en la formulación de políticas. Históricamente, los países en desarrollo han contribuido muy poco al cambio climático y, por lo tanto, no deberían ser los principales objetivos de los esfuerzos de sostenibilidad ambiental relacionados con el comercio. Son los países desarrollados los que siguen siendo los mayores emisores y los mayores consumidores, y su adaptación debe ser objeto de regulación. Los países en desarrollo tienen derecho a desarrollar sus economías a la luz de las restricciones climáticas a su propio ritmo y a su manera, al tiempo que abordan las preocupaciones sociales. La integración del PRCMD en todas las negociaciones comerciales —en particular en las negociaciones de acuerdos que tienen como objetivo la sostenibilidad medioambiental— actuaría como contramedida frente a las MARC unilaterales aprobadas por los Estados miembros que penalizan injustamente a los países en desarrollo y no tienen en cuenta la deuda climática histórica.
i) El metano es el segundo mayor contribuyente al calentamiento global, solo por detrás del dióxido de carbono. Los niveles de metano en la atmósfera se han más que duplicado en los últimos 200 años, lo que, según las estimaciones, está relacionado con el 20-30% del calentamiento total. Consulte NASA 2024 para más información.
ii) Existe un debate de larga data sobre la definición de “pesca”, ya que una definición más restrictiva tiende a excluir las actividades pesqueras en las que las mujeres están sobrerrepresentadas. Consulte FAO, Universidad de Duke y WorldFish 2023 para más información.
1. IPCC 2023.
2. OMC 2022.
3. Rodrik 2018.
4. Balogh y Mizik 2021.
5. Haddad, Steenbergen y Saurav 2023; Taylor y Watts 2019.
6. Khalfan et al. 2023.
7. Fremstad y Paul 2022; Williams y Bandele 2019.
8. Khalfan et al. 2023, ix.
9. Christensen et al. 2023; Gunderson, Stuart y Petersen 2018.
10. Véase, por ejemplo: Gilbert, Beladi y Oladi 2015; Gunderson, Stuart y Petersen 2018; Orasche et al. 2024; Siddiqui 2015.
11. Hormeku-Ajei 2018.
12. Brenton y Chemutai 2021, ix.
13. Littleton 2008; Khor et al. 2017; Yu 2009; Zhou 2019; ‘t Hoen 2016.
14. Hutchinson 2012; Khor et al. 2017; Littleton 2008; Taubman y Watal 2010; Yu 2009; Zhou 2019.
15. Feffer 2023; Greenwood 2021.
16. Khor 2010; Third World Network 1994.
17. Véase, por ejemplo: Akbostanci, Tunç y Türüt-Asik 2007; Feffer 2023; Mani y Wheeler 1998.
18. Khor 2010.
19. Lewis y Mitchell 2014.
20. Comisión Europea 2023.
21. Reinsch y Duncan 2022.
22. UNCTAD 2021.
23. UNCTAD 2024; WHO 2024.
24. Changing Markets Foundation y IATP 2022; Greenpeace 2023; Gura y Meienberg 2013.
25. Jain 2023; Khalfan et al. 2023; Liu, Semrau y Hanley 2021; Oxfam 2023.
26. Loukos y Arathoon 2021.
27. Odiwuor 2022.
28. Loukos y Arathoon 2021.
29. Ibid. Véase también: Jafry 2012.
30. Banerji y Willoughby 2019; Murphy y Hansen-Kuhn 2017.
31. Arora 2019; Malhi, Kaur y Kaushik 2021.
32. FAO, Duke University y WorldFish 2023; Wolfenden y Sengupta 2021.
33. FAO, Duke University y WorldFish 2023.
34. Cohen y van der Meulen Rodgers 2021; Goldsworthy 2010; Jafry 2012.
35. Clapp 2009.
36. Meijers y Brachet 2021; Williams y Bandele 2019.
37. Khor et al. 2017.
38. Ibid.
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Realizado por Regions Refocus con la colaboración de Pacific Network on Globalisation (PANG)
Redactado por Erica Levenson (Regions Refocus), con los aportes de Maureen Penjueli (PANG), Adam Wolfenden (PANG) y Ranja Sengupta (Third World Network). Las autoras agradecen a Mariama Williams (Global Afro-Descendant Climate Justice Collaborative), que revisó varias versiones del articulo y aportaron útiles comentarios. Las autoras agradecen a Mariana Silvério por la traducción de este documento.
Republicado por Developing Economics
